Renuncia a la violencia por mano propia y monopolio de la violencia legítima por el Estado.

El que a hierro mata…

Por: Nelson Manrique (Sociólogo)

La muerte de tres delincuentes abaleados por sus potenciales víctimas en Lima y la movilización de los transportistas de la ciudad de Trujillo que protestaron por el pase al retiro de un coronel de la policía acusado de organizar escuadrones de la muerte para asesinar a decenas de delincuentes parecen instalar un estado de ánimo en la población de imprevisibles consecuencias.

Según una investigación de Ipsos /Apoyo, un 31% de los encuestados considera que las personas deben portar armas. El 92% piensa que una persona que asesina a un delincuente al defenderse no merece ningún castigo. Un 82% consultado por elcomercio.pe en un sondeo (se entiende que entre personas que tienen acceso a Internet, presumiblemente de clase media) afirma que piensa adquirir un arma para defensa propia. La preocupación por la seguridad personal es extendida.
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¿Es grave la violencia en las ciudades peruanas? Si nos atenemos a los resultados de un estudio publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México, hecho en base a la información que los propios gobiernos han subido a Internet (http://bit.ly/yZwSv9), no estamos entre los países más golpeados por la violencia. Las ciudades que ocupan los 10 primeros lugares en esta investigación se concentran en 4 países: México con 5 ciudades, Brasil con 2, Honduras 2 y Venezuela una. Aunque 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina, ninguna ciudad peruana figura en la lista. Por supuesto, esto no significa que vivamos en el mejor de los mundos: ahí está el incremento de la delincuencia en Lima y Trujillo para recordárnoslo.

Que dos jóvenes dispararan a matar contra sus agresores ha provocado una ola de adhesiones que en algunos casos, más allá de reivindicar el derecho a la legítima defensa, los presenta como héroes populares: vengadores ciudadanos, un sentimiento similar al provocado en Trujillo por los métodos del coronel PNP Elidio Espinoza. Esto es grave, pues no es lo mismo identificarse con quien quita la vida a otro como recurso último para defender la propia que aplaudir el disparar a matar como una manera de “ejercer justicia”. Es bueno recordar que en el Perú no existe la pena de muerte.

En su clásico estudio La violencia y lo sagrado, Rene Girard afirma que el paso decisivo que dio la humanidad hacia la civilización fue renunciar a ejercer la violencia por mano propia para vengar los agravios y delegar la función de juzgar los crímenes y sancionarlos a un aparato impersonal al que se le delegó el monopolio de la violencia legítima: el Estado. Con una abundante evidencia empírica, Girard muestra cómo la violencia privada genera una espiral de represalias y contrarepresalias que termina destruyendo desde dentro a las sociedades que caen en esta dinámica mortal. Quienes se entusiasman con la imagen de los “vigilantes” o “vengadores” suelen perder de vista cómo, en lugar de detener la violencia, este camino suele llevarla a niveles inmanejables. La violencia por mano propia no detiene a la delincuencia. Pero, muertos a tiros atracadores que actuaban armados de cuchillos, sus sucesores empezarán a dotarse de armamento más contundente para ejercer sus fechorías, y esto eleva las cotas de la violencia a niveles muy por encima de lo que fue el punto de partida inicial.

¿Cómo se las arreglan los policías británicos –los bobbies– que llevan como única arma una porra de goma? En Inglaterra está prohibido portar armas de fuego, y solo poseen estas legalmente los cuerpos especiales de seguridad. Como poseer una pistola es ya un delito penalmente punible, la violencia delincuencial –que por supuesto también existe– cobra un menor número de víctimas mortales. Compárese esta experiencia con las masacres masivas perpetradas estacionalmente en los EEUU por ciudadanos –anónimos hasta el día anterior a su estallido– que descargan sus frustraciones tomando sus fusiles adquiridos legalmente y acribillando a sus vecinos.
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Aún está en nuestras manos escoger entre exigir al Estado que asuma responsablemente el reto de la seguridad ciudadana o rodar por la pendiente de la justicia por mano propia.

Fuente: Diario La República (Perú). Martes, 17 de enero de 2012.